Han pasado sólo algunas semanas desde que el asesinato de George Floyd sacudió a Estados Unidos, y desató una oleada de protestas nunca antes vista en su historia reciente. Una develación del profundo descontento que acompañada a la sociedad estadounidense, una sociedad históricamente cruzada por el racismo, la desigualdad social y la criminalización de la raza y la pobreza por parte de sus fuerzas policiales. No hace falta ir muy lejos para ver que en Chile la situación no nos es ajena. En el año 2017, el caso de Joane Florvil y su posterior juicio expusieron los procedimientos negligentes y discriminatorios aplicados por instituciones del Estado chileno, abriendo paso al debate sobre la existencia o no de racismo institucional en nuestro país. 

Para Chile, el fenómeno de la migración es un tema incómodo. Durante los últimos quince años, hemos visto cómo la población calificada como migrante se ha cuadruplicado, presentando una cifra del 4.4% de la población residente al 2017 y manteniendo un patrón dentro de la región de Latinoamérica. Sin embargo, pese a esta realidad instalada desde hace un buen tiempo, hemos observado una resistencia cultural, social y política a la apertura de nuestra sociedad a la población migrante. En la actualidad, el marco institucional chileno se sostiene en un paradigma migratorio caracterizado por la restricción de las políticas de ingreso, el amplio margen de discrecionalidad del gobierno de turno y la noción del migrante como amenaza a la seguridad nacional. Por otra parte, hemos visto una respuesta titubeante y muchas veces condescendiente con los discursos de odio que han impulsado sectores del país en el espacio público chileno. 

En el ámbito de la salud, este paradigma lo hemos visto hecho realidad en nuestros boxes de atención, donde la búsqueda de una atención de salud con pertinencia intercultural y no discriminatoria se topa muchas veces con la rigidez de los centros institucionales, la falta de formación del equipo de salud y la escasez de servicios de apoyo que permitan resguardar una atención pertinente y con enfoque de derechos. También lo hemos visto en el lento avance de las políticas públicas impulsadas en la materia, las cuales persisten en abordar el acceso al sistema de salud desde un enfoque focalizado, y hasta hace sólo un par de años, restringido por su vínculo con el estado de la situación migratoria de esta población. Del mismo modo, sabemos que es imposible hablar de la situación de salud sin considerar su acceso a otros derechos como la educación, vivienda, condiciones dignas de trabajo y empleo, regulación de su permanencia en el país, entre otros, las cuales han estado lejos de ser una prioridad para los gobiernos de turno, y se han cruzado con el discurso xenofóbico y racista que habita en sectores del país. La deuda que tiene Chile con los y las migrantes que residen en él es una tremenda y profunda, y nos lleva a hacernos la pregunta que hoy nos trae aquí: ¿realmente existe el derecho a la salud para la población migrante en Chile?

Comentarios