En este contexto, la crisis llegó a agudizar las problemáticas arrastradas por las universidades de nuestro país. De la mano de catastros, entrevistas, y movilizaciones a distancia se han evidenciado dificultades materiales, contextos poco aptos para el aprendizaje e incertidumbre económica por parte de sectores de las distintas comunidades estudiantiles.

Javiera Menay

Médica U. de Chile. , Estudiante Magister en Salud Pública U. de Chile

El día catorce de mayo los rectores de la Universidad de Chile y Universidad Católica anunciaron la suspensión de las actividades presenciales en sus casas de estudios, como una medida de prevención ante la expansión de la epidemia en el país, y ante una respuesta resistente por parte del Gobierno a tomar medidas precautorias más contundentes. La respuesta del Ejecutivo llegó días más tarde, y desde entonces, el sistema educativo se ha visto desafiado en sus condiciones materiales, financieras y humanas para poder responder a las directrices del MINEDUC y de sus propios planteles.

La educación superior no ha sido la excepción. Por un lado, hemos visto cómo diversas universidades han asumido un rol activamente volcado hacia el país, tanto desde la investigación, difusión, como de la innovación y desarrollo de recursos en salud. Ejemplo de esto han sido las campañas de fabricación de elementos de protección personal como “Makers por Valparaíso”, que agrupa a las principales universidades de la región, o la producción de ventiladores mecánicos que ha liderado la Universidad de Santiago de Chile, entre un sinfín de iniciativas. También hemos observado un rol activo dentro del debate público y la toma de decisiones, con la participación de las rectorías de la Universidad de Chile y Católica en la Mesa Social COVID-19 y las propuestas de acción que han elaborado, tal como el reciente informe de medidas a adoptar en el sistema escolar.

Por otro lado, menos amable, nos hemos encontrado con realidades internas cruzadas por las dificultades que ha significado enfrentar la educación desde la distancia, más aún en una agenda política que tiende a la desprotección y precarización de las condiciones actuales de vida. No es posible entrar en este punto sin antes mencionar la crisis estructural que arrastra la educación en Chile, develada masivamente por el movimiento estudiantil en el año 2011. El principio de subsidariedad estatal, la privatización de los planteles y el desdibujamiento de “lo público” sentaron las bases de un sistema de educación superior altamente competitivo por mecanismos de financiamiento, disgregado, con una orientación del conocimiento cruzada por el mercado y comunidades educativas con márgenes de acción limitados. El golpe ha sido profundamente acusado por la educación pública, a ojos de un Estado relegado a su rol de regulador.

En este contexto, la crisis llegó a agudizar las problemáticas arrastradas por las universidades de nuestro país. De la mano de catastros, entrevistas, y movilizaciones a distancia se han evidenciado dificultades materiales, contextos poco aptos para el aprendizaje e incertidumbre económica por parte de sectores de las distintas comunidades estudiantiles. Del mismo modo, se ha producido una reorientación de los proyectos académicos, así como las prioridades financieras de las universidades.

En el ámbito de la salud, de lo cual nos gusta hablar, la necesaria suspensión de las actividades clínicas ha conllevado una carga adicional a la inusual educación que hoy en día se está recibiendo, y en algunos casos, ha abierto flancos de incertidumbre para las condiciones de estudio y trabajo de quienes cursan el internado. Sin ir más lejos, internos e internas de medicina de 22 universidades del país se pronunciaron durante el mes de marzo solicitando medidas mínimas de seguridad laboral y criterios claros de asignación en caso de ser llamados a la labor asistencial.

Con ello, es innegable que en Chile y en el mundo las universidades han asumido un rol de suma relevancia para el enfrentamiento de la pandemia, retomando la discusión de “lo público” y evidenciando la necesidad de planteles educativos orientados en su acceso, docencia, investigación y extensión por objetivos país, donde urge replantear la relación subsidiaria del Estado con el sector educativo. Sin embargo, también urge replantear las dinámicas democráticas de las universidades, donde la resolución de los conflictos que hoy se han manifestado en distintos planteles es clave. La pandemia no puede significar un retroceso para los avances que han tenido las universidades en materia de participación estudiantil y funcionaria, así como en las políticas de acceso y protección dirigidas a su comunidad. La larga lucha por una educación pública, gratuita y de calidad en Chile necesita de comunidades educativas sólidas, y para ello, nuestro llamado es a la democracia.

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