(…) Es poco probable que una solución dentro de los márgenes actuales del Estado permita poder dar un mínimo de seguridad social a la población, volviéndose necesario comenzar a debatir, frente a la crisis social que enfrentara el país, cuál será el mínimo de protección en salud que el Estado garantizara a las personas.

Cristian Gonzalez

Médico U. de Chile. Estudiante Magister Salud Pública U. de Chile

Con más de 3000 casos confirmados, ciudades cerradas y comunas de la región Metropolitana en cuarentena total, la preocupación sobre la falta de seguridad social frente a la pandemia mundial volvió realidad los temores de transformar la crisis sanitaria en una laboral y social.

La negociación de Latam con sus sindicatos para solicitarles la reducción del sueldo en un 50% para evitar la quiebra, sumado al dictamen de la dirección del trabajo que faculta a los empleadores a no pagar el sueldo de los trabajadores que puedan ver alteradas sus funciones habituales debido a la cuarentena, parecieran ser las primeras respuestas del modelo chileno frente a los efectos económicos y sociales de una crisis que se proyecta que alcanzara su punto máximo en la octava semana, hacia finales del mes de abril.

La respuesta del gobierno se ha basado en potenciar la figura de un Estado subsidiario, pareciendo no querer ver la magnitud de la crisis: entrega de bonos, utilización del seguro de cesantía y apostar a la confianza de un empresariado acostumbrado por años a privatizar las ganancias y sociabilizar sus pérdidas.

Esta situación, pareciera adelantar un debate que hasta ahora no ha sido considerado por el gobierno y que muestra un nuevo alcance de la pandemia: Los efectos de la crisis sanitaria en la seguridad social y sus posibles soluciones.

Parte de estos efectos, ya se han visto en la caída de los fondos de pensiones, en donde ya han surgido propuestas respecto a la posibilidad de los afiliados de retirar sus fondos. Además de esto, la negativa de las ISAPRES a congelar el alza de sus planes fue una señal que la voluntad privada no bastaría para solucionar los efectos de la crisis.

Si analizamos la seguridad social en salud de Chile y el rol que presenta el Estado en la actualidad, existe una convivencia entre una visión de bienestar y una social, en la cual la primera descansa en la Constitución, mientras el segundo encuentra sus antecedentes en la naturaleza social y en el desarrollo histórico de las políticas públicas en Chile. En este sentido, la dicotomía Estado subsidiario/Estado Social, tiene un rol central para definir el sentido y alcance de la protección y la seguridad en salud de Chile.

Actualmente el rol subsidiario del Estado se basa en el individualismo para reconocer el derecho a la salud y otorgar sus garantías, donde el Estado se hace cargo de los excluidos del sistema privado.

Esto se traduce en un seguro público (FONASA) con listas de esperas de más de 1 millón y medio personas, con tiempos de espera  que pueden superar los 3 años  junto con una infraestructura y recursos humanos insuficiente,  y un seguro privado (ISAPRE) con una fuerte barrera de entrada discriminando por riesgo e ingreso de las personas, que genera un alto gasto en salud a sus afiliados para obtener planes de salud parciales, con altos copagos y con frecuentes alzas de precios que generan una incertidumbre persistente de abandonar su aseguradora por no tener los ingresos suficientes

En cifras, el 50% de las horas medicas se encuentran en el sector público para cubrir al 78% de la población, donde además el gasto en bolsillo en salud alcanza el 32.2% (19% promedio países de la OCDE).

Este rol subsidiario del Estado y su traducción en el sistema de aseguramiento en salud, es el que enfrentara las consecuencias sociales de la crisis sanitaria: aumento de desempleo, menor nivel de ingreso en los hogares, un sistema público sobrepasado de demanda entre otras.

Se podría estimar que estas consecuencias sin mediar alguna intervención estatal, producirán una subida de los planes de ISAPRE, generando un fuerte traspaso de afiliados a un seguro público que se encuentra profundamente desgastado en su financiamiento, infraestructura y recursos humanos al cubrir al grueso de la población chilena en la crisis sanitaria.

Por tanto, es poco probable que una solución dentro de los márgenes actuales del Estado permita poder dar un mínimo de seguridad social a la población, volviéndose necesario comenzar a debatir, frente a la crisis social que enfrentara el país, cuál será el mínimo de protección en salud que el Estado garantizara a las personas.

Estas definiciones, deberían ser tomadas por los espacios políticos y sociales donde el horizonte sea avanzar a la ratificación del derecho a la salud en una nueva constitución.

Se debe al menos resolver dos puntos críticos del sistema de aseguramiento en salud:  terminar con la segregación y aumentar la equidad en la atención. Un Plan de Salud Universal garantizado a todas las personas indiferente de su capacidad de ingreso, que sea financiado por un Fondo Mancomunado Universal que se conforme por cotizaciones y aporte directo del Estado podría ser un primer paso que permita una seguridad en salud mínima para una población profundamente afectada por la crisis.

Postergar las discusiones de las fracturas del modelo chileno hasta superar la crisis por el COVID_19 o esperar la discusión constituyente, puede llevarnos a sepultar el acceso a la salud de la mayor parte de la población del país. Se necesita poder cambiar los márgenes de los posible que se han impuesto por años, rompiendo el tabú de discutir transformaciones políticas más allá del estado de bienestar.

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